Abogados de México vs. Ley de Alabama

Una protesta realizada el 21 de noviembre de 2011 para exigir la revocación de la ley HB56 que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en Alabama.

Una protesta realizada el 21 de noviembre de 2011 para exigir la revocación de la ley HB56 que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en Alabama.

Foto: Archivo/EFE
PUBLICADO: EST May 1, 2012 12:10 am EST

MÉXICO, D.F.? El estadounidense Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la mexicana Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) presentaron ayer una demanda en una corte Federal de Alabama en contra de la Ley HB56 del estado por considerar que viola los acuerdos de Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

De acuerdo con el análisis de los demandantes, la "Ley Alabama" ha traído "consecuencias devastadoras" para los trabajadores migrantes que tienen derecho a la protección de los principios laborales del Acuerdo de Cooperación Laboral de America del Norte (ACLAN).

"Se están violando los principios básicos del TLC que ordena que todos los trabajadores deben gozar de los mismos derechos que los ciudadanos norteamericanos", enfatizó en entrevista telefónica Eliseo Medina, secretario de SEIU, con 2.1 millones de sindicalizados.

Explica que la legislación HB56 impacta los derechos humanos y laborales

porque en la entidad cualquier persona puede ser detenida por las autoridades para requerir su documentación, lo cual apunta a personas por su aspecto físico o por el acento al hablar inglés.

Además cualquier contrato colectivo de trabajo que beneficie a los trabajadores inmigrantes quedaría nulificado.

Entre los principios laborales del ACLAN presuntamente violentados en Alabama se encuentran la Libertad de asociación y protección del derecho a organizarse, derecho de negociación colectiva y normas mínimas de empleo.

Eliminación de la discriminación laboral, prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales, indemnización en los casos de lesiones de trabajo o enfermedades ocupacionales y protección de trabajadores migrantes.

"Esperamos una pronta respuesta de apoyo del gobierno mexicano", dijo en entrevista de larga distancia Enrique Larios, presidente de ANTAD que coadyuva en la demanda.

"En el Tratado de Libre Comercio los tres países se comprometieron a respetar los derechos laborales y aquí hay una clara criminalización por el color de la piel y el origen étnico que debe atenderse".

Los demandantes hicieron un llamado a los gobiernos mexicano y estadounidense a revisar la situación "de manera inmediata", a contratar a un experto mexicano independiente en temas de migración, a realizar una investigación sobre las violaciones a los derechos laborales e implementar "sesiones de información" con los trabajadores a quienes afecta la ley de Alabama.

Exigieron además que el Secretario del Trabajo de México "solicite consultas" con su par en EEUU para "desarrollar un plan conjunto" que frene el incremento de las violaciones de los derechos de los trabajadores en virtud de la HB 56.

SEIU detalla que las afectaciones comerciales incluyen a centros de trabajo y empresas que producen mercancías o brinden servicios entre Estados Unidos y Mexico, especialmente la manufactura, procesamiento de comidas y agricultura entre otros.

El Gobierno de México presentó un recurso legal como "amigo de la corte" en los procedimientos legales impugnados por la HB56 bajo la jurisprudencia estadounidense de que Alabama es el mercado cuarto exportador.

Por ello, se espera que tras la demanda por violaciones laborales la segunda etapa sea una respuesta contundente del gobierno mexicano.

Ante los ojos de los sindicalistas y abogados Unidos EEUU no cumple con su obligación de aplicar efectivamente su legislación

Laboral para detener los efectos de las leyes estatales.

"No ha actuado con eficacia para hacer valer el poder federal para detener las legislaciones contra los inmigrantes", señalan. "La ambiguedad legal es abundante y las demandas han tenido como consecuencia una mezcolanza de amparos parciales, que dejan vigentes muchas provisiones abusivas".

En junio de 2011, el estado de Albama adoptó la legislación HB56 que impide a un trabajador indocumentado buscar o realizar trabajos como empleado y convierte en delito emplear o transportar a personas "sin papeles".

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